Las personas y organizaciones que formamos parte de la Coalición #RegulaciónPorLaPaz aplaudimos la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley general para la regulación y control de cannabis, que representa un reconocimiento de que la estrategia prohibicionista ha fallado y de los profundos daños que la guerra contra las drogas ha dejado como saldo. Este, sin lugar a dudas, es un primer paso “para poder construir la paz en nuestro país” como indicó la Sen. Olga Sánchez Cordero el pasado 8 de noviembre en el pleno del Senado.

La iniciativa presentada por la Sen. Sánchez Cordero parte del reconocimiento de la relación entre el consumo de marihuana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la inconstitucionalidad de la prohibición de la marihuana expresado por la SCJN en los seis fallos que ha realizado sobre la materia. Consideramos que, de aprobarse, México formará parte de la vanguardia internacional que lidera un cambio de raíz en las políticas en materia de drogas

Tenemos absoluta claridad de que este paso de manera aislada no resultará en la anhelada paz. En este sentido, la Coalición #RegulaciónPorLaPaz ha dado seguimiento a las declaraciones y pronunciamientos en torno a la política de seguridad pública que seguirá el futuro gobierno. Reconocemos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno presentado la noche del 14 de noviembre algunos avances sustanciales. Entre ellos, el reconocimiento de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y de la necesidad de abandonar el autoritarismo y la violencia para avanzar hacia una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos. Asimismo, valoramos el reconocimiento de la “insostenibilidad de la prohibición de sustancias así como de lo perjudicial que ha sido en términos de salud pública y de la criminalización inevitable de las personas que usan drogas, que necesariamente conlleva este sistema”.

Sin embargo, hay elementos del Plan Nacional de Paz y Seguridad que nos generan profundas preocupaciones. En primera instancia nos alarma el mantenimiento de una estrategia militarizada a pesar de haberse demostrado durante los últimos 12 años los enormes daños que esto genera al tejido social y sus terribles impactos en el goce de los derechos humanos. A pesar de presentarse como un plan de desmilitarización, la Guardia Nacional resulta totalmente contraria a este objetivo al consolidar la institucionalización de la militarización de la seguridad pública de nuestro país.

Si bien se reconoce que la “guerra contra las drogas” escaló un tema de salud pública, hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública; el plan aún promueve un enfoque de estrategia contra el narcotráfico. El Instituto Belisario Domínguez ha recalcado en varias ocasiones la relación entre el combate frontal al crimen organizado, y el aumento de la violencia. Éste muestra que el incremento de homicidios no es la única consecuencia no intencionada del combate al narcotráfico y narcomenudeo. Las violaciones graves a derechos humanos, el abuso de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de alcaldes, candidatos y otros funcionarios municipales, la saturación del sistema de justicia penal y la sobreutilización del sistema penitenciario son algunas de las consecuencias que identifica^[1].

El Plan también establece que la idea de levantar la prohibición de las drogas actualmente ilegales tiene implicaciones internacionales insoslayables, ya que México es vecino de Estados Unidos, el mayor mercado de drogas en el mundo. La geopolítica juega un papel imprescindible en el tema de las políticas de drogas. La proximidad geográfica no debe usarse como pretexto para la inacción frente al problema de salud, seguridad y derechos humanos que ha provocado la prohibición de las drogas; sino al contrario, debe utilizarse como una oportunidad para la cooperación internacional que promueva el bienestar de las personas, y no el endurecimiento de las leyes de seguridad y las políticas de guerra como hemos visto en el otro vecino de Estados Unidos, Canadá.

También el hecho de que como alternativa a la prohibición se sigue manteniendo en el centro del programa el seguimiento clínico de las personas usuarias para un eventual proceso de “desintoxicación”, aspecto que mantiene la abstención absoluta como única meta posible en un proceso de tratamiento frente al uso problemático, y que, al centrarse en las sustancias y no en las personas, les niega su capacidad de tomar decisiones libres e informadas sobre los consumos que realizan y de acceder a estrategias desde las cuales minimicen los riesgos y daños asociados a dichos consumos.

A su vez, proponer que “los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas – masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación” acota el uso de recursos públicos a cierto tipo de atención para personas que tengan usos problemáticos de drogas y no rubros necesarios como educación, salud, investigación, mejoramiento ambiental y económico en zonas productoras y al fondo de reparación de daños de víctimas.

Aún más, el empleo de palabras como “desintoxicación” y “reinserción social” para referirse a alternativas de tratamiento frente al uso problemático de drogas, resulta desafortunado, en tanto promueve el estereotipo de la persona que usa drogas como enfermo y aislado de sus comunidades. Resulta necesario reconocer que el lenguaje transmite valores y que avanzar hacia la reconciliación nacional supone, entre los demás aspectos indicados, movernos hacia un lenguaje que reconozca los derechos de las personas usuarias de drogas, su dignidad y su seguridad, y que permita avanzar hacia la desestigmatización.

La política punitiva frente a las drogas ha impulsado la instalación de un andamiaje de guerra en nuestro país que va desde la instalación de un régimen penal del enemigo -mediante la flexibilización de las garantías procesales, la desproporcionalidad de las penas asociadas a delitos relacionados con drogas y el adelantamiento de la punibilidad mediante figuras como el arraigo y el sobre uso de la prisión preventiva- hasta la militarización de la seguridad pública.

Es cierto que la regulación de la marihuana por sí misma, o acompañada de la regulación de otras plantas y sustancias actualmente ilícitas, resulta necesaria pero insuficiente para la construcción de paz en México si este tipo de iniciativas no van acompañadas del desmontaje de las demás políticas de guerra. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, destacando la falta de competencia del poder legislativo para legislar en la materia, y mostrando inquietudes como que la ley no precisa qué clase de acciones específicas puede realizar el ejército. El Poder Ejecutivo debe tomar este fallo, al igual que lo ha hecho con otros, para orientar sus estrategias de seguridad y de construcción de paz.

Esperamos que el gobierno que entrará en funciones el próximo 1o de diciembre pueda reconocer que tiene posibles colaboradoras y colaboradores en la ciudadanía, que ya nos hemos organizado y que tenemos experiencia de años e incluso décadas en los temas concernientes a política de drogas, salud y seguridad. Estamos aportando nuestras experiencias y conocimientos colectivos para impulsar y fortalecer todos los pasos certeros que se den hacia la construcción de paz.