Por medio de la presente, las organizaciones y personas firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la clausura, por parte del Ayuntamiento de Mexicali, del centro comunitario de atención a personas que se inyectan drogas que coordina la organización civil Verter A.C, en Mexicali, Baja California. Así mismo, manifestamos nuestro apoyo al trabajo en reducción de daños que realiza Verter, servicio que responde a las complejas necesidades de salud de una población estigmatizada y marginalizada a las que el Estado por diferentes razones, no da respuesta. 

Si bien es necesario cumplir con los requisitos administrativos que marca la ley para mantener espacios de atención al público, es inevitable mencionar que esta clausura se da en el marco de un debate generado en Mexicali tras conocerse la existencia de “la sala de inyección segura”. Este se ha caracterizado por el desconocimiento de cómo opera el espacio clausurado y de las necesidades de salud que enfrenta la población objeto de la intervención.

La denominada “sala de inyección de Mexicali”, es en realidad un centro comunitario de atención a mujeres que tienen dependencia al uso inyectado de drogas y no cuentan con un espacio seguro donde hacerlo. El centro comunitario brinda un espacio donde las mujeres pueden usar las drogas que necesitan de manera segura y controlada, rodeadas de personal amigable y capacitado en diversos temas de salud, donde además tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, curaciones básicas, material de inyección estéril, suero, vitaminas, comida e información sobre diversos temas de salud e instituciones a dónde pueden acudir. No cualquier persona puede entrar al espacio, ni se promociona la asistencia a él, tampoco se comercializan drogas ni se promueve su uso.

El Estado no brinda ninguna alternativa de atención en salud a las mujeres que usan drogas que no están en condiciones de dejar de inyectarse drogas, lo cual aumenta no sólo su vulnerabilidad social y la de sus familias, sino que afecta negativamente sus condiciones de salud. En México, la prevalencia de VIH en las mujeres que usan drogas es del 10%, ello en parte por la falta de acceso a equipo seguro de inyección, pero también por las violencias múltiples que las alejan de los servicios de salud. Sin embargo, las personas que usan drogas no son elegibles para acceder a tratamiento antirretroviral -que es universal en México-, pues está supeditado a la abstinencia, lo que no resulta viable para esta población. Adicionalmente, el acceso a tratamientos sustitutivos con metadona es también limitado y no existen programas específicos del Estado dirigidos a apoyar a las mujeres que se inyectan drogas.

Ante esta falta de alternativas y la crisis humanitaria de atención a la salud que enfrenta la población de personas que se inyectan drogas, y las mujeres en particular, la clausura del centro comunitario constituye una grave violación a los Derechos Humanos de esta población.

Conminamos al ayuntamiento de Mexicali a apoyar el trabajo de promoción de la salud que realiza Verter facilitando la reapertura del centro comunitario. Exhortamos a la Secretaría de Salud de Baja California a que asuma como una prioridad la atención a las personas que se inyectan drogas, apoyando la reapertura del centro de atención clausurado. Extendemos un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que asuma el llamado a proteger los derechos de esta población que además de vulnerable, es invisibilizada. Así mismo, convocamos a la sociedad en general a plantear un debate abierto sobre la necesidad de implementar estrategias frente al uso problemático de drogas teniendo como eje el respeto a los Derechos Humanos y desde este marco rector, abrir un diálogo amplio sobre la importancia de las salas seguras de inyección en México y cómo monitorear sus efectos a corto, mediano y largo plazo.