La construcción de verdad es un requisito indispensable para el acceso a la justicia. Es necesario construir verdad sobre la forma en que las corporaciones de seguridad y las instituciones de impartición de justica han aplicado la ley en personas usuarias de sustancias actualmente ilícitas, prestando particular atención a sus violaciones de sus derechos humanos. Además, la prohibición se ha legitimado sobre la construccion ideologica de un conjunto de creencias falsas, discriminatorias, estigmatizantes y criminalizantes sobre las substancias y las personas usuarias, que han vulnerando las relaciones que estas personas establecen con las comunidades a las que pertenecen y con las instituciones del Estado. La nueva política de drogas debe contemplar un proceso amplio de educación y formación ciudadana que, simultáneamente, sirva para desestigmatizar a las substancias y a las personas usuarias, habilitando a la ciudadanía a tomar decisiones libres, informadas y responsables.
1. Investigar el uso de una narrativa de enemigo público, sumado a la instalación de un régimen penal de enemigo y de un estado de excepción de facto, y su impacto en los derechos humanos;
2. Investigar las detenciones arbitrarias de personas por consumo, cuando este no es un delito tipificado desde la reforma conocida como Ley de Narcomenudeo del 2009;
3. Investigar la tortura y malos tratos al interior de los centros de tratamiento de adicciones y centros de reclusión;
4. Investigar tortura, malos tratos y violaciones al debido proceso de personas detenidas y encarceladas por delitos contra la salud, identificando diferentes patrones según se les vincule con la producción, distribución o comercialización.
1. La política educativa y de formación ciudadana en materia de política de drogas deberá construirse sobre una perspectiva de derechos humanos, de género, de juventudes y de reducción de riesgos y daños.
2. Se debe emplear un lenguaje no discriminatorio. Esto implica que no sea estigmatizante, criminalizante ni patologizante y que no reduzca a las personas usuarias de drogas a esa única identidad.
3. Los mensajes y campañas deben abandonar el discurso peyorativo que apoya y promueve el castigo y utilizar discursos que sensibilicen a la sociedad, enfatizando el trato digno hacia las personas usuarias.
4. La información que se difunda debe basarse en evidencia científica y ser accesible para todas las edades.
5. Se debe fomentar la investigación transdisciplinaria y estrategias innovadoras en enseñanza que favorezcan la reconstrucción del tejido social y resolución no violenta de conflictos.
6. Los mensajes deben estar contextualizados para mejorar su impacto, reconociendo la pluralidad de grupos y comunidades a los que están dirigidos.
7. Los mensajes deben reconocer la diversidad de personas usuarias, sustancias, formas y espacios de uso.
8. Se debe incentivar la construcción de estrategias de reducción de riesgos y daños con y desde las comunidades.
9. Es fundamental que se les dé voz a las personas usuarias de sustancias y plantas actualmente ilícitas, recuperando sus experiencias a través de procesos no estigmatizantes que les reconozcan como sujetos de derecho.
10. Como tarea prioritaria, se deben construir campañas informativas locales, estatales y nacionales que activamente combatan ciertos mitos profundamente arraigados, y que sostienen una serie de creencias erróneas y de procesos estigmatizantes.