A la sociedad mexicana y al H. Congreso de la Unión:

La Comisión de Justicia del Senado de la República circula un nuevo predictamen para la obligación judicial de regular la cannabis. Desafortunadamente, la Comisión de Justicia no ha tomado con seriedad la opinión de la sociedad civil y de especialistas que se han involucrado en el tema, pues en esta versión cambia poco el contenido y hasta empeora lo propuesto en octubre de 2019.

En Regulación por la Paz consideramos una simulación el intento de reciclar el mismo documento, envuelto en una prolija justificación, pero sin corregir más que en algunos términos los graves errores que obligaron a detener el proceso en octubre. Las modificaciones refuerzan las protecciones a los intereses comerciales, particularmente de las empresas extranjeras, en lugar de privilegiar derechos de personas usuarias y comunidades cultivadoras.

Nos preocupa en extremo que la nueva propuesta:

• Mantiene el régimen penal. Esto crearía dos regímenes: uno prohibido, regido por el derecho penal, para campesinos y usuarios que no puedan cumplir con los costos y requisitos que establece el resto de la ley, y uno legal para las empresas que cuentan con el capital para cumplir con una regulación diseñada a modo. Mantener cualquier prohibición penal tendrá como resultado la persistencia de la criminalización de las personas usuarias y las prácticas de extorsión a las que se les somete. El predictamen es regresivo con relación a la reforma de 2017, pues reinserta en el Código Penal referencias al cannabis que ya habían sido eliminadas. En esta materia, lo correcto es muy sencillo: tiene que reformarse el articulo 198 del Código Penal Federal para excluir la cannabis de la prohibición penal del cultivo y se debe eliminar la posesión simple como delito en la Ley General de Salud. No tiene sentido mantener una tabla de umbrales de consumo personal una vez que el cannabis deje de ser una sustancia ilegal. Mantener un umbral, aunque se aumente a 28 gramos, favorece la extorsión de las personas usuarias.

   

• Restringe derechos y estigmatiza a las personas usuarias de cannabis que optan por el autocultivo. El establecimiento de un registro de personas que optan por el autocultivo invade la privacidad, afecta el libre desarrollo de la personalidad, promueve la estigmatización de usuarios, es discriminatorio y sujeta a los usuarios a cubrir costos innecesarios como la exigencia de obtener un permiso. Además, la limitación del cultivo para uso personal a cuatro plantas (y solo seis plantas por casa cuando hay más de 2 adultos viviendo en el domicilio) es excesivo y contrario a las mejores prácticas internacionales, pues se trata de una forma de suministro que es alternativa al mercado.

   

• Privilegia a las empresas a costa de nuestros campesinos. El predictamen exige «trazabilidad» y “testado” de la planta. Con ello asegura el dominio de las empresas, particularmente las extranjeras que desarrollaron originalmente esos sistemas. La trazabilidad de las plantas, desde la semilla hasta anaquel, es una medida extremadamente costosa, como lo es también el “testado” (término que no existe en español). La única razón para imponer una carga tan costosa, como la propuesta de trazabilidad, es la de crear barreras de entrada artificiales para las comunidades de campesinos que quieran cultivar cannabis o que lo hacen actualmente sujetas al crimen organizado. De adoptarse, la trazabilidad resultaría en la exclusión de las comunidades que hoy cultivan y que deben ser incluidas en un mercado regulado con perspectiva de justicia social. Las multas por no cumplir con su sistema de trazabilidad siguen siendo una manera de criminalizar desproporcionalmente a quien no puede hacer la inversión multimillonaria necesaria para participar en un mercado legal. Lo mismo explica el que se impongan exigencias costosas para el etiquetado y empaquetado como lo hace el documento.

   

• Debilita el Instituto de Regulación, manteniendo la exclusión de la figura de Consejo Ciudadano honorario encargado de supervisar la implementación de la regulación, que venía en la iniciativa presentada por Olga Sánchez Cordero, para la transparencia y evaluación del sistema regulatorio.

   

• Privilegia intereses de las farmacéuticas. Los intereses comerciales que orientan el anteproyecto también son patentes cuando encontramos que el término “terapeútico” ha sido eliminado de todo el documento, y en vez se habla sólo de “farmacéutico”, implicando que los remedios de bajo costo –relativamente poco costos de producir – quedarán excluidos, permitiendo sólo productos más costosos.

   

• Crea dependencia del extranjero, pues establece con qué semillas se podría iniciar el desarrollo de una industria de cannabis legal y exige a cultivadores el registro de sus semillas, con lo que se sientan las bases para excluir al patrimonio nacional de simientes y variedades cultivadas en México desde inicios del periodo virreinal, con el privilegio a la importación de semillas desde el extranjero. Esto obstaculiza la transición a la legalidad.

Demandamos la mejor regulación para las comunidades cultivadoras y para las personas usuarias, que acabe con la criminalización y que aproveche el potencial del cannabis en beneficio de la sociedad mexicana, sin desproteger la salud.  El país lo requiere y la Suprema Corte lo ha ordenado. 

Solicitamos de la manera más atenta una reunión de trabajo con el fin de exponer, desde una visión técnica, puntos cruciales para un modelo regulatorio con justicia social, respetuoso de los derechos humanos, que privilegie el bien común y el desarrollo de México.

Coalición #RegulaciónPorLaPaz

Contacto: Monserrat Angulo comunicacion.reverdeserc@gmail.com