El 2 de julio de 2020, llegó otra noticia más sobre una masacre de jóvenes en un centro de rehabilitación (conocido como anexo) y sin ninguna regulación por parte del gobierno. No es la primera vez que sucede una matanza de este tipo en un centro de atención al uso de sustancias psicoactivas, sino que se suma a una larga lista de eventos similares ocurridos en los últimos años. La guerra contra las drogas en México ha puesto a las personasen situación de pobreza, especialmente las personas jóvenes, en el fuego cruzado de las disputas territoriales entre grupos armados, que incluyen tanto agentes estatales como actores privados. 

La criminalización del uso de drogas arroja a las personas consumidoras -y, en especial, a las más jóvenes- haciasituaciones de alta exposición a violencias de todo tipo y cuando estas violencias resultan en violaciones a sus derechos las condena a la impunidad. Sus muertes importan poco en la opinión pública porque la estigmatización del uso de sustancias ilegales se ha encargado de despojarlas de su humanidad.  

Desde #RegulaciónPorLaPaz denunciamos el abandono en que viven las personas que se encuentran recluidas en centros de tratamiento para uso problemático de drogas, muchas de ellas privadas ilegalmente de su libertad en contra de su voluntad. Ante la reiteración de asesinatos de personas en estos centros, la indiferencia institucional ante estos eventos y la total impunidad con la que ocurren, señalamos la urgencia de que el Estado mexicano modifique su relación con las personas usuarias de drogas. 

Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a que esclarezcan los hechos de violencia ocurridos en centros de rehabilitación, tanto los hechos de esta semana como hechos previos. Las personas usuarias de drogas también merecen verdad, justicia y garantías de no repetición.

A la vez, exhortamos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a dejar de violentar la presunción de inocencia de las personas usuarias de drogas y de abonar a la narrativa de que quienes usan drogas son delincuentes. El estigma y la discriminación hacia las personas usuarias de drogas matan e impiden que estas personas puedan acceder a servicios legales y de salud. 

El camino hacia un México justo y en paz pasa necesariamente por reconocer los derechos de las personas usuarias de drogas, incluyendo a aquellas que están haciendo frente a una situación de dependencia. En esa medida exhortamos al gobierno federal que, de manera adicional al esclarecimiento de los hechos, avance sobre lo siguiente: 

1. Formular una política pública de reducción de daños que incluya la eliminación delos discursos estigmatizantes y criminalizantes frente a las personas que usan sustancias y promuevamensajes informativoscon énfasis en el respeto a los derechos humanos.
2. Eliminar el internamiento compulsivo e investigar y sancionar a los centros de tratamiento y rehabilitación que continúen con dicha práctica. 
3. Aumentar la oferta de servicios públicos de tratamiento del uso problemático de sustancias y/o dependencia que seangratuitos, basados en evidencia y en estricto apego a los lineamientos internacionalesque deben regir su funcionamiento. Así mismo, fortalecer la oferta de tratamiento de carácter comunitario y con perspectiva de género.
4. Mejorar los procesos de supervisión y regulación de centros de tratamiento no gubernamentales. La regulación efectiva de los centros de tratamiento y atención en el uso de sustancias psicoactivas facilitaría las investigaciones y el acceso a la justicia de las personas que han sido víctimas de actos violentos en estos establecimientos. 
5. Descriminalizar el uso de sustancias y en particular, eliminar el delito de posesión simple de los códigos penales a nivel federal y local.Asimismo, se requiere avanzarenla regulación legal de las sustancias psicoactivas actualmente ilegalescon la finalidad de disminuirla criminalización de personas usuarias y reducir su contactocon el sistema penal y congrupos del crimen organizado. 

El gobierno mexicano, en todos sus niveles, ha dejado de lado su responsabilidad en la garantía de los derechos humanos de las personas ciudadanas de este país que usan drogas. Esto representa una deuda histórica que debe ser reconocida y atendida con urgencia, sin dejar pasar un día más. 

Coalición #RegulaciónPorLaPaz

Organizaciones y colectivos

Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis A.C.

Autocultivo Medicinal en México (AMEM)

Cannabis Libre A.C.

Centro Médico Cannabimed

Colectivo Red Mexicana de Prevención a la Violencia

Colectiva Sangra y Flora

Documenta A.C.

Elementa DDHH A.C.

Equis Justicia para las Mujeres, A.C

Familias y Retos Extraordinarios A.C.

Hacia una vida digna para todas las personas, 

Instituto RIA, A.C. 

Irapuato Vihve 

Laboratorio sobre Sociedad, Arte y Drogas

Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas México

México Regula

México Unido Contra la Delincuencia

Programa Compañeros Ac

Programa Reducción de Daños de Clínica Condesa

Red Mexicana de Reducción de Daños (REDUMEX)

ReverdeSer Colectivo A.C.

Personas

Aldo Contró

Alejandra Contreras Reyes

Angelica Ospina

Aram Barra

Camilo Pantoja García

Catalina Pérez-Correa

Corina Giacomello

Diana Estefania Velázquez Millán

Gerardo Jara Hernández

Jorge Javier Romero

José Manuel García-Vallejo

María de los Angeles Lobos Palacios

Mariana Sevilla

Mónica Sosa

Monserrat Angulo

Nadezhda Rosas Rojas

Nelly Torres

Nora Frías

Paulette González Muñoz

Penélope Isabel Chavarría García

Raúl Espinoza

Raúl Zepeda Gil

Rebeca Soto Sánchez

Zara Snapp

Genaro Lozano

Rebeca Calzada

Contacto: Monserrat Angulo

56 1798 5998

regulacionporlapaz@gmail.com