1. Poner a las y los pacientes en el centro, garantizándoles acceso inmediato a sus medicamentos y permitiéndoles el autocultivo;

2. Contemplar a personas encargadas de la atención primaria de pacientes;

3. Ampliar las vías de acceso para incluir producción nacional, autocultivo y cultivo colectivo;

4. Incluir una regulación de la industria nacional y de la investigación científica no dirigida exclusivamente a la industria farmacéutica.

1. Para el nombramiento, la Secretaría de Salud debe realizar una consulta pública previa a grupos clave, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para la cual las personas nominadas deben presentar su currículum vitae, una exposición de motivos y el plan de trabajo que guiará su labor.

2. Establecer criterios para el nombramiento de la persona titular de dichas instituciones: 

• Contar con ciudadanía mexicana;
• No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público en ningún momento;
• No haber desempeñado cargos de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento (independencia e imparcialidad);
• Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta institución, por lo menos en los dos años previos a su nombramiento;
• Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, política de drogas, uso de drogas, modelos de reducción de daños y modelos de tratamiento de adicciones;
• Debe garantizarse el respeto a los derechos humanos con un enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación;
• La persona titular no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia;
• La vinculación a casos de corrupción en cualquiera de sus modalidades, señalamientos por violación de derechos humanos, declaraciones en contra de sectores de la sociedad y el abuso de poder deberán ser elementos excluyentes;
• Tener experiencia en el manejo de relaciones con expertos/as, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los poderes públicos;
• Reconocer el derecho a la participación de las personas usuarias de drogas.

1. Abrir un proceso de mesas de trabajo con la participación de expertas y expertos, representantes de sociedad civil y personas usuarias de drogas para revisar a profundidad el Programa Nacional de Política de Drogas.

1. Eliminar los Tribunales de Tratamiento de Adicciones.

2. Garantizar el cumplimiento de los siguientes criterios mínimos en las medidas alternativas al encarcelamiento:

• Programas no invasivos que no incluyan medidas como antidoping, recetar medicamentos, internamiento forzado o la imposición de metas terapéuticas, entre otras;
• Programas que promuevan la apertura de opciones laborales y educativas;
• Programas que no promueven la estigmatización y criminalización de personas y grupos sociales (que no asuman la falsa relación causal entre uso de drogas y comisión de delitos);
• Priorizar programas que permitan la eliminación y no aplicación de las sanciones penales previo a la entrada al sistema judicial.