El pasado 13 de octubre de este año se aprobó una reforma en materia de prisión preventiva oficiosa que incorpora un nuevo listado de delitos para los cuáles se aplica la prisión preventiva de manera automática. Entre estos se incluyen algunos delitos que se enmarcan en la figura de narcomenudeo, lo cual entra en contradicción directa con la recientemente aprobada Ley de Amnistía y la pendiente reforma para la regulación de cannabis.

Desde la Coalición #RegulaciónPorLaPaz vemos con mucha preocupación la extensión de una figura legal que tomó fuerza durante el auge de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón como parte del establecimiento de un régimen penal del enemigo. Consideramos que es una muestra más de que, a pesar de las declaraciones del Presidente, la guerra en México no ha terminado.

Asimismo, consideramos que la reforma que incorpora nuevos delitos a la prisión preventiva oficiosa ignora los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mujeres víctimas de tortura sexual contra México,  donde se estableció que la privación de libertad del imputado sólo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto”.

Por su parte, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que figuras como la prisión preventiva “disminuyen la capacidad de la persona para impugnar su detención, menoscaban la presunción de inocencia y sobrecargan el sistema de justicia”. Al ser una medida que debiera ser extraordinaria, ponderada por un juez o jueza, y no establecida de manera automática, el catálogo de delitos donde se aplica por oficio resulta contrario a las recomendaciones internacionales.  De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU esta medida “no debe constituir una práctica general, y sólo debe basarse en determinaciones individualizadas para cada caso concreto y siempre que ello resulte razonablemente necesario, teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto y para fines tales como impedir la fuga, la alteración de la prueba o la reincidencia en el delito”. 

Además, la incorporación de delitos contra la salud a dicha reforma representa una discordancia con la recientemente aprobada Ley de Amnistía la cual reconoce el impacto diferenciado de la política punitiva en materia de política de drogas y establece que se decreta amnistía a favor de personas que estén detenidas, en proceso o sentenciadas por delitos contra la salud cuando se encuentren en situación de pobreza extrema, pertenezcan a una comunidad indígena y cuando el delito fuera por posesión sin fines de venta.

Datos analizados por la organización Elementa DDHH muestran que la mayoría de las personas en prisión preventiva por delitos relacionados por drogas lo están por narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, es decir, posesión de cierta cantidad sin que se compruebe intención de venta. A la par, la prisión preventiva en delitos relacionados con drogas afectan desproporcionadamente a las mujeres. La mitad de las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas en nuestro país lo están sin sentencia.

Es decir, aun sin la aprobación de esta reforma, ya se está exponiendo a las personas que conforman los eslabones más vulnerables de la cadena del mercado de drogas ilícitas a ser privadas de la libertad antes de ser probada su culpabilidad. En palabras del representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, la prisión preventiva oficiosa no garantiza el acceso a la justicia sino que “expone a personas inocentes a mayor riesgo de pasar tiempo encarceladas por delitos que no han cometido, e incluso –como ocurre con frecuencia en México– por delitos fabricados”. Esta reforma representa la profundización de un esquema que ha probado no lograr el objetivo oficial de reducir el acceso a las drogas ilícitas y, por el contrario, ha resultado en numerosas violaciones a derechos humanos.  

Instamos a que la aún pendiente regulación mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un paso hacia el reconocimiento del fracaso de la estrategia de reforzar el ámbito punitivo para abordar el tema de las drogas desde el Estado y para apostar por una política con enfoque de derechos humanos y justicia social.

Contacto: Adriana Muro | adrianamuro@elementa.co