Desde la Coalición #RegulaciónPorLaPaz reconocemos que el proceso legislativo que impulsa la regulación de la cannabis en México está avanzando. El hecho de que una gran mayoría de Senadoras y Senadores votaron a favor del dictamen demuestra un cambio de paradigma. Pese a ello, el proyecto presenta grandes obstáculos que vulneran los derechos de las personas usuarias, de pacientes y de las comunidades campesinas dedicadas al cultivo de esta planta. 

Si bien la regulación de cannabis es urgente, la propuesta regulatoria debe ser modificada sustancialmente para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, el beneficio al campo, la justicia social y la posibilidad de una política pública transformadora. Señalamos que la mayoría de quienes votaron a favor manifestaron tener reservas significativas, algunas de las cuales coinciden con las que ha manifestado esta Coalición. En particular destacamos cinco preocupaciones prioritarias: 

1. Eliminar la posesión simple para garantizar la efectiva despenalización del consumo de cannabis. 

2. Eliminar la criminalización administrativa de personas usuarias expresada en multas desproporcionadas en conductas sin afectaciones a terceros. 

3. Homologar los espacios de consumo de cannabis a la ley de tabaco y eliminar los permisos de consumo y autocultivo para evitar la discriminación de las personas usuarias. 

4. Garantizar el acceso legal al cannabis y la producción legal nacional inmediatamente estableciendo los plazos faltantes y reduciendo los ya establecidos.

5. Aumentar el porcentaje de licencias de cultivo que deben otorgarse a comunidades indígenas y campesinas afectadas al 80% y definir claramente los requisitos para participar.  

La regulación que México necesita no puede construirse priorizando el beneficio de las grandes corporaciones o de intereses particulares. Las Senadoras y Senadores tienen la obligación de legislar a favor del bien de la nación y la ciudadanía, y no a partir de  convicciones e intereses personales.

Exigimos que se tomen en consideración nuestras propuestas y se reconozcan los derechos de las personas usuarias de cannabis en el sentido de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así mismo, seguimos en la disposición de acompañar el proceso, para que esta ley se centre en las personas, garantice derechos y beneficie a las comunidades que han sido las más vulneradas con la política de prohibición que estamos dejando atrás.