Para lograr una efectiva reparación es necesario reconocer que la implementación de políticas prohibicionistas de mano dura ha generado daños que van desde una situación de incertidumbre jurídica (que pone a las personas en una situación de particular vulnerabilidad frente a posibles abusos de autoridad y violaciones a sus derechos humanos), hasta la vulneración directa de derechos (desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al debido proceso, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho de toda persona a no ser discriminada, hasta la violación grave de los derechos humanos). Así mismo, resulta fundamental reconocer que hay grupos sociales que han sido afectados de forma desproporcionada, incluyendo mujeres, personas jóvenes, personas usuarias de drogas, personas y comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.
- Facilitar el proceso de integración de las personas cuyos derechos han sido violentados en el marco de la implementación de políticas prohibicionistas al Registro Nacional de Víctimas, lo cual permitirá su acceso a las medidas de reparación estipuladas en la Ley General de Víctimas.
- Reformar la Ley General de Salud y el Código Penal con el fin de modificar las penas de delitos relacionados con drogas para que cumplan con el estándar de proporcionalidad, promoviendo la reducción de penas, la inclusión de la perspectiva de género, así como la eliminación de las penas mínimas.
- Excarcelar a las personas que estén privadas de la libertad en centros de reclusión (con y sin sentencia) por delitos que ya no estén tipificados desde la reforma del 2009 conocida como Ley de Narcomenudeo, así como por aquellos delitos que dejen de estar tipificados con las reformas para regular los mercados de cannabis y amapola, así como la descriminalización de la posesión simple.
- Hacer retroactiva la reducción de penas, resultado de la necesaria reforma al Código Penal, para las personas que se encuentren sentenciadas con penas desproporcionadamente altas por delitos relacionados con drogas.
- Priorizar el uso de medidas como la disminución de la pena, la liberación anticipada, la semi-libertad, el trabajo para la comunidad y la sustitución de días en prisión por jornadas trabajadas.
- Garantizar la inclusión de las personas que fueron afectadas por el modelo prohibicionista actual en la conformación de los mercados legales de cannabis y amapola.
