INSTAMOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A APROBAR LA INICIATIVA DE LEY QUE REGULA EL USO ADULTO DE CANNABIS CON PERSPECTIVA DE JUSTICIA SOCIAL Y GÉNERO EN ESTE PERIODO LEGISLATIVO

En noviembre del año pasado, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación de Cannabis. Días después, la minuta del proyecto llegó a la Cámara de Diputados donde se organizaron audiencias públicas para analizarla. Posteriormente, la Cámara solicitó una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar en la materia, misma que fue otorgada con plazo de vencimiento el 30 de abril de 2021.

Si bien esta decisión responde a la necesidad de revisar puntualmente el proyecto de reforma, así como realizar las modificaciones pertinentes al mismo, el incumplimiento del plazo inicial continúa vulnerando los derechos humanos y retrasando el cumplimiento del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Este 1 de febrero comienza el periodo de sesiones en el Poder Legislativo que retomará la discusión.

Desde la coalición #RegulaciónPorLaPaz reconocemos los avances legislativos en ambas Cámaras. Sin embargo, observamos con preocupación que el proyecto de regulación de cannabis requiere modificaciones sustanciales para garantizar los derechos humanos de personas usuarias, pacientes y comunidades cultivadoras. A continuación enunciamos los puntos que consideramos fundamentales:

● Cumplir con el nuevo plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Después de tres prórrogas otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso, nuestros derechos no pueden esperar más. Hemos organizado foros y actividades para explicar las necesidades de personas usuarias, comunidades cultivadoras y demás poblaciones impactadas por la política de prohibición. No hay excusa de desconocimiento del tema, y hay una creciente urgencia de transitar hacia la construcción de paz a través de un mercado regulado que garantice derechos.

● Eliminar la criminalización de la posesión simple y homologar espacios de consumo con la Ley de Tabaco.

Si la ley se llega a aprobar en su condición actual, una persona que decida comprar cannabis en un local registrado, podría ser detenida por la autoridad aún cuando no esté violando ninguna ley, simplemente por poseer la planta o productos a base de la misma, recordando que esta medida punitiva tiene impactos desproporcionados en las mujeres.2 3 Por otro lado, si alguien no pudiese consumir en su domicilio privado, por cualquier razón, se quedaría en incertidumbre sobre dónde podría hacer uso de la planta al no existir espacios autorizados de consumo de cannabis. También es necesario eliminar la criminalización administrativa de personas usuarias expresada en multas desproporcionadas (que son de hasta $11 mil pesos por portación entre 28 y 200 gramos, y de hasta $25 mil por consumir en el espacio público) para evitar perpetuar el modelo prohibicionista.