A la Sociedad mexicana y al H. Congreso de la Unión:

La Comisión de Justicia del Senado de la República, después de una semana de trabajo en sesión permanente, presentó un proyecto de predictamen que regula la cannabis.

El predictamen presentado retoma algunas de las exigencias que la sociedad civil experta en la materia hemos empujado, como el autocultivo, el cultivo asociado y un mercado regulado, no obstante, el modelo planteado resulta preocupante para México. Si bien coincidimos en el planteamiento político que manifiestan los primeros artículos del predictamen -destacando que la regulación de cannabis debe abonar a la construcción de paz y garantizar el goce de los derechos de toda la población- observamos que las obligaciones y derechos efectivamente establecidos en las normas no sólo no responden a esos objetivos sino que hacen todo lo contrario:

❖ Establece criterios excesivos para el cumplimiento del etiquetado y empaquetado e impone una carga mayor de la trazabilidad en la siembra y cosecha y las semillas creando barreras innecesarias para las comunidades que quieran cultivar cannabis. Esto aumenta los costos iniciales de inversión necesarios para dar cumplimiento a estos puntos del predictamen lo que resultaría en la exclusión de las comunidades que hoy ya cultivan de manera ilícita y que debemos buscar incluir a un mercado regulado con perspectiva de justicia social. 

❖ Debilita la posibilidad de comunidades campesinas de participar en el mercado mexicano al establecer una exigencia de trazabilidad de las semillas que no contempla que existen semillas mexicanas, adaptadas a las tierras y climas de distintas regiones que deben considerarse como la fuente inicial de semillas para nuestro mercado. Nos vuelve dependientes de la industria de las semillas al exigir que estas estén verificadas. 

❖ No presenta un plan viable para privilegiar a las comunidades vulnerables afectadas por la prohibición en la siembra y cultivo de la planta, algo que podría entonces dar el mercado a empresas multinacionales, sin reconocer la ventaja que podría representar una regulación para México. Es posible restringir ciertos tipos de licencias al sector social, principalmente ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas y pequeños propietarios. 

❖ No contiene la necesaria armonización de la Ley General de Salud (señalada por la SCJN) y del Código Penal Federal, las cuales son cruciales y determinantes para vislumbrar los efectos legales de la legislación propuesta; por lo que no especifica cómo se materializará la descriminalización de las personas usuarias, ni menciona la capacitación de los cuerpos policiales y del sistema de procuración de justicia para cesar la persecución, acoso y extorsión con pretexto de investigar la posesión de marihuana. 

❖ Se imponen penas a las mujeres que consuman mientras estén embarazadas o lactando, lo cual es inconstitucional por su carácter discriminatorio e invasivo en la vida privada y atenta contra la autodeterminación de las mujeres y su derecho a elegir su tratamiento terapéutico e invadiendo su privacidad.

❖ Restringe innecesariamente los derechos de las personas usuarias de cannabis al limitar el cultivo para uso personal a cuatro plantas y establecer un registro de las personas que realicen esta actividad, lo cual es discriminatorio, genera costos burocráticos y no proporciona elementos útiles en términos de gobernanza en la materia. Así mismo, pone requisitos que son excluyentes de mujeres que son madres. Sigue criminalizando a personas usuarias, persiguiendo la posesión simple y desechando la posibilidad de que las personas usuarias tengan lugares de consumo seguro fuera de su residencia privada. 

❖ Elimina la figura de Consejo Ciudadano honorario que supervise la implementación de la regulación de cannabis en México que venía en la iniciativa presentada por Olga Sánchez Cordero y que consideramos fundamental para la transparencia y evaluación del sistema regulatorio. 

❖ Es discriminatoria al sujetar el derecho al aprovechamiento de la planta y sus derivados a la capacidad jurídica, que como se sabe se restringe a dos grupos: las personas menores de 18 años (que es lo correcto) y las personas con discapacidad, denominados «incapaces» o «sin capacidad de ejercicio» lo cual restringe su derecho al libre desarrollo de su personalidad, a la autodeterminación, a elegir su tratamiento terapéutico o a ser parte de manera legal del mercado de Cannabis. 

Estamos ante un momento histórico, tenemos de frente la gran responsabilidad de apoyar el cambio de un paradigma erróneo e injusto sobre la planta de la marihuana, las personas que la usan y quienes la producen. No obstante, es importante dar ese paso pensando en beneficiar integralmente a nuestra nación. 

En estos días nuestro país ha visto nuevamente las terribles consecuencias de continuar teniendo una política de guerra lo cual nos obliga de manera urgente a implementar una estrategia de construcción de paz, dentro de la cual la regulación de la cannabis debe ser un paso contundente, serio y responsable en la redirección de la política de seguridad. 

Solicitamos de la manera más atenta una reunión de trabajo con el fin de exponer desde una visión técnica puntos cruciales para un modelo regulatorio justo, respetuoso de los derechos humanos, que privilegie el bien común y el desarrollo de México.

Contacto: Monserrat Angulo – 55 1910 7145