COALICIÓN #REGULACIÓNPORLAPAZ VE CON PREOCUPACIÓN QUE REGULACIÓN DE CANNABIS SE DISEÑA A MODO PARA LA INDUSTRIA

COALICIÓN #REGULACIÓNPORLAPAZ VE CON PREOCUPACIÓN QUE REGULACIÓN
DE CANNABIS SE DISEÑA A MODO PARA LA INDUSTRIA

● En la Cámara de Diputados se discuten modificaciones que pasarán por encima de derechos de personas usuarias y comunidades cultivadoras.

● Dichas modificaciones darían paso a una regulación diseñada a modo para el gran capital nacional e internacional, a costa de la criminalización de usuarias y usuarios.

● De incluirse las modificaciones propuestas, las y los diputados de Morena traicionarían el principio del partido: “primero los pobres”.

Desde la Coalición #RegulaciónPorLaPaz vemos con preocupación el rumbo que está tomando la discusión en torno a la regulación de cannabis en la Cámara de Diputados debido a que prioriza los intereses de la industria por encima de los derechos y necesidades de la ciudadanía mexicana.

En las últimas horas hemos tenido acceso a documentos que contienen propuestas de modificación a la minuta aprobada por el Senado de la República a finales del 2020 en su proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados. Dichas modificaciones vulneran los derechos de personas usuarias, eliminan los mecanismos de acción afirmativa y justicia social ideadas para proteger las condiciones de participación de comunidades cultivadoras de cannabis y generan una regulación a la medida de la industria.

Así mismo, hemos tenido conocimiento de que representantes de empresas mexicanas y extranjeras de cannabis han podido participar activamente en la construcción de estos cambios, mientras que a la sociedad civil mexicana en general se nos ha mantenido al margen de las nuevas propuestas de redacción.

Si bien reconocemos que en estas modificaciones hay cambios menores que representan avances (se equiparan los espacios de consumo a la Ley General para el Control del Tabaco, se elimina la denuncia ciudadana y se elimina la sobreregulación a las condiciones de cultivo para autoconsumo y en Asociaciones Cannábicas), la mayor parte representan un inmenso retroceso:

1. Se propone la incorporación de un permiso para cultivo doméstico de renovación anual, lo cual además de ser discriminatorio, en la experiencia de Uruguay este requisito ha probado no tener utilidad alguna.

2. Se propone la inclusión de una “licencia integral” que otorgaría el permiso a participar en toda la cadena de producción mientras elimina las medidas de acción afirmativa y justicia social que se habían incorporado para proteger a comunidades cultivadoras, incluyendo la eliminación de otorgar al menos 40% de las licencias de cultivo a comunidades cultivadoras. Estas modificaciones benefician a la gran industria y limitan la transición a la legalidad de comunidades en situación de vulnerabilidad.

3. Propone eliminar la figura del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y establecer a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) como instancia responsable de implementar la ley. No obstante, hace una semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental que elimina a la CONADIC.

En estos cambios no se incluyen las exigencias que hemos presentado desde sociedad civil para impulsar una regulación con enfoque de justicia social y derechos humanos, pero sí representan grandes retrocesos que implicarán la continuidad en la criminalización a personas usuarias y comunidades cultivadoras de cannabis.

Recordamos a las y los diputados que son representantes de la ciudadanía mexicana y que el pleno goce de los derechos humanos debe ser su principal guía para la redacción de modificaciones legislativas. Así mismo, es fundamental reconocer que tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la iniciativa presentada por la entonces Senadora Olga Sánchez Cordero no hubieran sido posibles sin el trabajo activo de la sociedad civil organizada.

Por último, reiteramos nuestra voluntad de acompañar el proceso legislativo para lograr un modelo regulatorio con enfoque de justicia social que efectivamente represente una #RegulaciónPorLaPaz para México.

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